La delincuencia organizada, con el tráfico local e internacional de drogas a la cabeza, trabaja a diario en fortalecer sus raíces en esta Región Huetar Norte.
Estas mafias también trafican armas, lavan dinero y están vinculadas a otros delitos como asesinatos y extorsiones en San Carlos y Upala, por mencionar sólo dos cantones de la zona.
Algunos de esos casos están siendo investigados por la delegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), algo que al crimen organizado no le gusta y comienza a lanzar amenazas contra esas autoridades.
Esta realidad, que parece cada vez más desafiante, llegó a oídos de las autoridades municipales de San Carlos. Fue la propia administración regional del Poder Judicial la que expuso este peligroso contexto a los regidores municipales en busca de apoyo para reforzar la seguridad alrededor del edificio de la Corte y proteger la de los empleados.
Alexander Matarrita señaló que, de cara a estos nuevos escenarios de peligro, lo primordial es proteger la vida humana de los funcionarios, con énfasis en los turnos de trabajo durante las noches y madrugadas.
Agregó que, incluso, a quienes laboran en materia penal les han pedido mantener un perfil bajo a nivel particular.
“Hemos dado instrucciones a los funcionarios nuestros de autocuidado, que en su vida privada no se expongan, que no vayan a ciertos lugares, que no se expongan en redes sociales y que se aparten de ciertas personas, que ya se sabe que no podemos relacionarnos”, dijo Matarrita.
Matarrita reconoce que el tema de seguridad supera las capacidades locales, por lo que son necesarias las alianzas entre instituciones para apoyarse mutuamente en este campo.
En los Tribunales de Justicia de Ciudad Quesada laboran más de 300 funcionarios y, al menos, 80 de ellos les siguen los pasos a narcos y sicarios, a quienes les incomodan y molestan esas acciones.
Algunos actos de intimidación estarían dirigidas contra agentes de la policía judicial y fiscales, quienes son los responsables de acusarlos, gestionar la prisión preventiva o medidas cautelares.
El abogado Nils Rojas, director regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reveló que tienen identificadas a personas asignadas para que vigilen a sus agentes.
Los denominados “campanas” son los encargados de monitorear los movimientos de los vehículos policiales, lo cual no solo es un riesgo para el éxito de las indagaciones en desarrollo, sino que también podría comprometer la integridad física de los investigadores.
Rojas aseguró en el Gobierno Local que los cabecillas de esas organizaciones criminales poseen un alto perfil delincuencial y que llegaron aquí de otras regiones del país.
“Nosotros estamos llevando ahorita varias investigaciones de crimen organizado en la zona de San Carlos y sinceramente, les digo que es gente demasiado peligrosa y con un perfil muy alto criminal, que no necesariamente son de la zona, pero, que ya se radicaron aquí”, explicó el jerarca policial.
De acuerdo con Rojas, en varias ocasiones, miembros de organizaciones criminales hasta han tratado de arrebatarles los vehículos decomisados por narcotráfico.
El OIJ, además, tiene sospechas de que algunos agentes judiciales estarían siendo vigilados fuera de su horario laboral.
Tales acciones de las organizaciones conformadas con el único objetivo de cometer delitos procuran evitar caer en manos de la justicia.
Pedido a Municipalidad de San Carlos
La idea de las autoridades judiciales es que la administración municipal autorice un área especial, alrededor de los Tribunales de Justicia, para que los vehículos particulares de los agentes judiciales, fiscales y jueces en guardia puedan permanecer cerca del edificio y bajo el monitoreo de cámaras de seguridad y, de esta forma, reducir el riesgo de acciones que pongan en peligro sus vidas cuando terminan sus turnos de trabajo.
Como ejemplo, indicaron que la Municipalidad de San José ya aprobó una medida de ese tipo ante la creciente inseguridad en la ciudad capital.
“Nosotros trabajos con delincuentes, a quienes les decimos lo malos que son. (…) La posibilidad es que nosotros, como Consejo de Administración acudamos al Concejo Municipal para sentir un apoyo, al menos, en este campo. (…) En definitiva, no tener donde estacionar cuando se llega a deshoras de la noche, yo no sé si ustedes saben que un fiscal, por ejemplo, un juez y defensores pueden atender disponibilidad 24/7, ellos se trasladan, se desplazan desde sus casas y tienen que ver donde se estacionan”, adicionó Luis Quesada, Fiscal adjunto.
Esas autoridades coincidieron en que la seguridad interna por parte del Poder Judicial es mínima.
En relación con el pedido formulado, Karol Salas, alcaldesa de San Carlos, solicitó hacer la gestión por escrito para analizarla legalmente, con base en lo dispuesto semanas atrás por la Municipalidad de San José. Salas aseguró estar comprometida con el tema de seguridad para todo el cantón.
El narcotráfico es un problema creciente en San Carlos. Entre 2010 y 2020, según un informe realizado por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), este territorio de la Zona Norte se ubicó entre los 28 cantones del país con más decomisos de drogas.
Es importante mencionar que, la Fiscalía de San Carlos no se refirió a estas acciones del crimen organizado reveladas al Concejo Municipal en su reciente rendición de cuentas, efectuada en Santa Clara.
