Costa Rica acoge esta semana a una decena de países de América Latina que trabajan en el abordaje integral de Mecanismos Nacionales de Prevención de la Tortura.
En los últimos años, los países de la región han intensificado el uso de la respuesta penal para hacer frente a problemas sociales complejos, lo cual ha traído como consecuencia el uso excesivo de la fuerza y malos tratos, entre otras situaciones.
Esteban Vargas, director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en Costa Rica, con sede en la Defensoría de los Habitantes, dijo que este espacio permite armonizar procesos relacionados con inspecciones, registros y otros instrumentos, para que en América Latina, los países tengan las recomendaciones necesarias para prevenir este tipo de hechos.
Aparte de Costa Rica, los países que tienen una representación en esta sesión de trabajo internacional son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú y Uruguay.
Esta actividad es organizada por la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT), una Organización No Gubernamental con sede Suiza, líder en la implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura.
Recientemente, la Sala IV resolvió un habeas corpus presentado por una persona detenida en la provincia de Guanacaste; el órgano jurisdiccional logró acreditar que hubo tortura en las acciones realizadas por los oficiales de la Fuerza Pública.
En Costa Rica, el delito de tortura está tipificado en el artículo 381 bis del Código Penal y se entiende como un acto intencional de producir a una persona dolor y sufrimiento, físico o mental, con el fin de obtener de ella información o confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.
