La Contraloría General de la República, en su pronunciamiento sobre el texto sustitutivo del proyecto de Ley 22.839, establece una serie de requisitos adicionales a la aprobación del expediente, entre ellos, la realización de estudios y acreditar la factibilidad del proyecto vial, lo que requiere no solo de los recursos económicos, sino de tiempo para realizarlos.

Al pronunciarse sobre el expediente denominado “Autorización de obras de infraestructura urgentes y de conveniencia nacional en el humedal la Culebra y establecimiento de medidas de compensación equivalente”, el ente contralor explica:

¨La propuesta del texto sustitutivo en consulta mantiene el objetivo de autorizar la construcción de la carretera Bernardo Soto – Sifón – Abundancia, incluyendo su paso por el humedal La Culebra y la intervención en el humedal, la expropiación de los terrenos donde se encuentran ubicadas las lagunas y propone la creación de un espacio protegido para compensar la posible afectación al citado ecosistema. Además, introduce un nuevo artículo para que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) realice la compra de los terrenos a compensar¨.

En su respuesta a los diputados y diputadas, la Contraloría también advierte que con respecto a los terrenos para compensar el eventual daño ambiental por la intervención del humedal La Culebra, se retoma lo indicado en el oficio DFOE-SOS-0168(6767), advirtiendo que, la propuesta de los terrenos a compensar debe estar precedido de los estudios de compensación, los cuales a su vez están supeditados a lo que arroje y proponga los estudios técnicos y científicos que se señalaron en las observaciones a la exposición de motivos.

Con esta advertencia que hace la Contraloría a la Asamblea Legislativa actual, se debe tener en cuenta que la realización de esos estudios requieren tiempo, que se alarga con las trabas burocráticas del sistema como es la selección y contratación de las empresas para realizar los mismos y los procesos de contratación, todo esto si los recursos a utilizar están incluidos en el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para la nueva carretera.

El ejemplo más cercano fue el del puesto aduanal Las Tablillas, en el cantón de Los Chiles, en donde la Sala Constitucional pidió un estudio similar y donde, además, había que dar un terreno de compensación.

Ese proceso tardó casi los cuatro años de la administración anterior, aún cuando la Organización de Estudios Tropicales ( OET), encargada de hacer el trabajo científico, trató de hacerlo en el menor tiempo posible.

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