La Contraloría General de La República (CGR) concluyó en el informe DFOE-CIU-IAD-00008-2025 presentado el pasado martes 8 de diciembre que la conservación de la red vial nacional pavimentada se planifica y ejecuta con serias deficiencias técnicas, de competencia y de integridad
Alcance y qué se auditó
La Auditoría de Carácter Especial “Planificación y ejecución de la conservación de la red vial nacional pavimentada y su gestión íntegra”, dirigida al CONAVI, fue concluida y emitida el 8 de diciembre de 2025. El estudio examinó la gestión de la institución entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de abril de 2025, con ampliaciones cuando fue necesario, para verificar si se cumplía el marco regulatorio, técnico y de gestión íntegra en la conservación de 4.985,8 km de la red pavimentada.
Principales conclusiones de la auditoría
El informe sostiene que la planificación y ejecución de la conservación vial, basada en contrataciones promovidas en 2022, no cumple en aspectos significativos con la normativa aplicable, desde la priorización de necesidades hasta la elección del tipo de contrato y los precios de referencia. La Contraloría advierte que no se previenen adecuadamente prácticas colusorias, no se controlan con rigor a las empresas privadas ni se aplican sanciones económicas, y que la gestión íntegra presenta vacíos en ética, control de riesgos de corrupción y uso de sistemas de información.
Débil planificación y modelo reactivo
La auditoría describe una planificación sin diagnóstico integral, sistemático y actualizado del estado de las vías, lo que deriva en un enfoque reactivo que atiende urgencias en cada zona en lugar de una programación plurianual basada en inventarios y análisis de activos. El CONAVI tampoco sustentó con estudios de mercado actualizados los precios de referencia ni comparó técnicamente modalidades de pago, manteniendo contratos por precios unitarios sin evaluar alternativas de niveles de servicio y suma alzada que podrían ser más eficientes.
Riesgos de colusión y concentración del mercado
El documento señala que la conservación vial se concentra en pocas empresas y que, en 2022, tres constructoras acumularon cerca de cuatro quintas partes del monto adjudicado, sin que el CONAVI haya establecido controles para eliminar barreras injustificadas en los pliegos o estrategias formales para ampliar la participación de oferentes. Además, no existen procedimientos claros para prevenir conflictos de interés en la revisión de ofertas y la ejecución de contratos, lo que incrementa los riesgos de colusión, corrupción y pérdida de eficiencia en el uso de recursos públicos.
Controles laxos sobre calidad y sanciones
Aunque la institución dispone en papel de procedimientos para supervisar programas de trabajo, inversiones, costos por kilómetro y calidad de las obras, la Contraloría concluye que no se acreditó su aplicación efectiva por parte de direcciones regionales e ingenieros de zona. Entre 2022 y 2024 no se aplicaron sanciones económicas a organismos de inspección ni a empresas constructoras en las contrataciones analizadas, y se detectan vacíos en las herramientas para procesar informes técnicos y activar acciones correctivas oportunas.
Integridad debilitada y sistemas fragmentados
La auditoría detalla que los instrumentos éticos y de gestión de riesgos del CONAVI son generales y no se aterrizan en las etapas críticas de planificación, contratación y ejecución de la conservación, por lo que los riesgos de corrupción se mantienen sin mitigación suficiente. La falta de un canal específico y realmente confidencial para denuncias, sumada a sistemas de información no integrados y a la no implementación histórica del Sistema de Gestión de Activos Viales, impide contar con expedientes únicos y datos en tiempo real, debilitando la transparencia y la toma de decisiones.
Presiones y plazos para corregir
El informe ordena al Consejo de Administración y a la Dirección Ejecutiva tratar la implementación del Sistema de Gestión de Activos Viales como un proyecto estratégico, con líneas base de alcance, tiempo y costo y reportes de avance entre 2026 y 2027. También exige diseñar estrategias para fomentar la libre competencia, fortalecer la integridad institucional, estandarizar el cobro de sanciones económicas y crear guías para centralizar toda la documentación de conservación vial, con fechas límite que inician en diciembre de 2025 y se extienden hasta finales de 2026.
Llamado a transformar modelo reactivo, poco transparente y vulnerable a la corrupción.
En este marco, el documento “Planificación y ejecución de la conservación de la Red Vial Nacional pavimentada y su gestión íntegra”, lejos de ser solo una hoja de ruta técnica, se convierte en el eje de un llamado de la Contraloría a transformar un modelo que califica como reactivo, poco transparente y vulnerable a la corrupción. El desafío para el CONAVI será demostrar, en los plazos fijados, que puede pasar de las promesas de gestión integral a cambios verificables en planificación, competencia, control de calidad y ética pública que se reflejen en mejores carreteras y mayor confianza ciudadana.
