Después de recorrer parte de la finca Vivoyet, en Crucitas de Cutris de San Carlos, donde de manera ilegal se extrae oro de forma intensiva desde hace varios años, Rodrigo Chaves, presidente de la República, señaló que el saqueo de los recursos naturales continúa.
“Lo que sí quedó clarísimo es que la actividad minera ilegal en esta zona continúa, continúa el robo de los recursos naturales y la destrucción del ambiente. No es lo mismo que como cuando había 5 mil oreros aquí, pero el robo continúa”, enfatizó el gobernante durante una conferencia de prensa en ese sector fronterizo.
De acuerdo con estudios técnicos realizados en los inicios de este proyecto, los cerros Botija y Fortuna, de la finca Vivoyet, contenían 1,2 millones de onzas de oro, que la empresa canadiense Infinito Gold pretendía extraer.
Pero, en 2010 la justicia de Costa Rica ordenó cancelar la concesión minera a la compañía internacional, lo que provocó la llegada masiva de coligalleros, daños a la naturaleza y diversos problemas sociales, que a hoy persisten.
Según datos de la Dirección de Geología y Minas, a junio de este 2022 había cerca de 24 fincas afectadas por la minería informal en este sector fronterizo con Nicaragua, dentro de un área de 55 hectáreas.
El valor en el mercado del oro extraído al margen de la Ley supera $197.426 millones.
Frente a dicha problemática, el presidente Chaves reiteró que su Gobierno anunciará a finales de este año, el futuro de la explotación minera en la Zona Norte.
“Tenemos que esperarnos hasta noviembre. En noviembre hablamos de qué papel podría o no podría jugar el oro y el ambiente”, destacó el mandatario.
Esta es la primera vez que un mandatario visita Crucitas.
A lo largo de su historia, la minería en esta Región Norte ha desatado pasiones y odios.
La Defensoría de los Habitantes ha sido enfática en señalar que la actividad
minera, en general, tiene implicaciones serias en el medio ambiente y que el proyecto Crucitas atenta contra el derecho a un ambiente sano, equilibrado y sostenible.
También, destaca que contraviene tratados internacionales suscritos por Costa Rica.
En la otra acera, Infinito Gold solicitó en 2020 anular el fallo arbitral favorable para nuestro país por el cierre de la mina Crucitas.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) estableció un comité especial, que se encuentra analizando la petición de la compañía canadiense.
