El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó en octubre de 2025 la nota técnica “Conduciendo a través de la economía gig en América Latina”, un estudio basado en 13.722 encuestas aplicadas a conductores de Uber en ocho países de la región (Azuara, Lugo, & Jaramillo, 2025).
Aunque el informe destaca la flexibilidad y el atractivo del trabajo en plataformas, sus propios datos plantean preguntas sobre la sostenibilidad económica y la protección social de quienes dependen de este modelo.
Flexibilidad valorada, pero bajo un contexto de necesidad
El estudio concluye que la mayoría de los conductores se consideran trabajadores independientes y valoran la autonomía y la flexibilidad por encima de formas tradicionales de empleo (Azuara et al., 2025). Sin embargo, también documenta que una proporción significativa utiliza los ingresos generados en la plataforma para cubrir gastos esenciales del hogar y que la mayoría reporta tener deudas (Azuara et al., 2025).
Esta dualidad introduce un elemento crítico: la preferencia declarada por la flexibilidad puede estar condicionada por la falta de alternativas laborales formales en contextos de alta informalidad estructural en América Latina. El informe no afirma que la plataforma sustituya empleos formales, pero sí reconoce que el trabajo en aplicaciones funciona en muchos casos como “red de seguridad financiera” (Azuara et al., 2025).
En términos analíticos, esto sugiere que la autonomía valorada podría coexistir con vulnerabilidad económica persistente.
Educación alta, pero protección social baja
Uno de los hallazgos más relevantes es que el 57% de los conductores encuestados cuenta con educación terciaria o superior (Azuara et al., 2025). Este dato es consistente con estudios previos del BID que mostraban una sobrerrepresentación de personas con formación relativamente alta en plataformas digitales.
Sin embargo, el mismo informe señala que la cobertura de protección social es limitada y fragmentada, con baja participación en sistemas de salud y pensiones (Azuara et al., 2025). Es decir, existe una brecha entre capital humano y seguridad social efectiva.
Desde una perspectiva de política pública, esto plantea una tensión estructural: trabajadores con niveles educativos comparables a sectores formales operan bajo esquemas de contribución y protección mucho más débiles. El estudio sugiere avanzar hacia beneficios portátiles y mecanismos voluntarios de ahorro, pero no presenta evidencia empírica sobre la efectividad de tales instrumentos en contextos de ingresos variables (Azuara et al., 2025).
Crecimiento del mercado, pero con volatilidad
El informe contextualiza el crecimiento del sector: en 2021, el mercado latinoamericano de transporte por plataformas digitales fue estimado en 1.930 millones de dólares, equivalente al 6,8% del mercado global en ese año (Azuara et al., 2025). Las proyecciones citadas anticipan un crecimiento anual compuesto del 15% entre 2022 y 2030, hasta alcanzar aproximadamente 6.760 millones de dólares (Azuara et al., 2025).
No obstante, el propio documento reconoce que la pandemia provocó una caída del 60–70% en el uso de estos servicios en 2020 (Azuara et al., 2025). Esto evidencia la alta sensibilidad del sector a shocks externos.
Desde un enfoque crítico, la expansión proyectada depende de condiciones regulatorias, económicas y de demanda que no están garantizadas. El crecimiento pasado no implica estabilidad futura, especialmente en economías con inflación elevada y volatilidad cambiaria.
Debate regulatorio aún abierto
El estudio también describe avances regulatorios en países como Chile y México, donde se han adoptado marcos híbridos que reconocen la especificidad del trabajo en plataformas (Azuara et al., 2025).
Sin embargo, el debate central —si los conductores deben considerarse trabajadores independientes o empleados— permanece abierto en la región. El informe aboga por políticas centradas en las personas y no exclusivamente en el estatus laboral, pero no define un modelo normativo concreto (Azuara et al., 2025).
Esto refleja una limitación inherente a la nota técnica: documenta percepciones y datos descriptivos, pero no evalúa causalmente el impacto del trabajo en plataformas sobre movilidad social, ingresos de largo plazo o acumulación previsional.
Un modelo en consolidación, pero con interrogantes estructurales
El documento concluye que el trabajo en plataformas se ha convertido en una característica estructural de los mercados laborales latinoamericanos y llama a desarrollar marcos regulatorios inclusivos que preserven la autonomía y garanticen acceso a protecciones esenciales (Azuara et al., 2025).
