El Concejo Municipal de San Carlos acordó trasladar la sentencia emitida por el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de Alajuela, sobre el despido y reinstalación en su puesto de una funcionaria de apellidos Castro Alfaro, a la Contraloría General de la República (CGR).
Los regidores tomaron este acuerdo el lunes y por votación unánime, tras conocer un informe y recomendación de la Comisión Municipal de Asuntos Jurídicos.
Con el envío de dicha sentencia al ente contralor, la intención del Concejo Municipal es que los pagos por daños y perjuicios vinculados al tema de clima laboral los asuman las autoridades que pudiesen haber actuado contrario a la Ley.
Diana Corrales, regidora por el Partido Acción Ciudadana (PAC), agradeció a los miembros de la Comisión Municipal de Jurídicos su trabajo y considera necesario sentar un precedente para recuperar los dineros que se pierden en procesos débiles de despidos.
“Estoy de acuerdo con el informe de elevar el tema de los despidos a la Contraloría General para que esta pueda hacer las investigaciones correspondientes y sentar responsabilidades sobre esos dineros, que se pierden en procesos débiles de despidos y sanciones dentro de la Municipalidad de San Carlos”, dijo Corrales Morales.
La funcionaria Castro Alfaro fue despedida de su cargo en el Gobierno Local en octubre de 2022, cuando estaba en periodo de prueba, sin embargo, semanas después el Juzgado de Trabajo de San Carlos ordenó su reinstalación de manera inmediata.
Trascendió que solo a esta trabajadora, la administración municipal debió reembolsarle cerca de cinco millones de colones por los daños causados, pero, este no es el único caso en una situación similar.
A mediados de mayo, la jueza, Martha Chaves, también ordenó al municipio reinstalar a Dixie Amores, jefa del Departamento de Desarrollo Estratégico. No obstante, Amores sigue fuera del Gobierno Local porque la administración municipal apeló la sentencia.
Después de acordar elevar el asunto de Castro a la Contraloría General, el regidor liberacionista, Juan Diego González, añadió que así debe proceder el Concejo Municipal de San Carlos con los demás casos en proceso de pago.
“Se deben sentar las responsabilidades de cuando aquí se toman decisiones contrarias a la Ley”, enfatizó el presidente del ayuntamiento.
González Picado adelantó que no descartan analizar otros mecanismos que les permitan resguardar los recursos públicos de una buena manera.
Los regidores alegan que los despidos ordenados por la alcaldesa, Karol Salas, le costarán muchos millones de colones al municipio en las próximas semanas y buscan la forma de que esos dineros sean reintegrados al ayuntamiento por quien o quienes puedan haber actuado contrario a la legislación laboral vigente.
