El Concejo Municipal de San Carlos aprobó este lunes una moción para solicitar a la Alcaldía el retiro del cartel de licitación publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), relacionado con la contratación del servicio de regulación y cobro de estacionamientos en Ciudad Quesada y La Fortuna centro.
La moción fue presentada por los regidores Esteban Rodríguez Murillo, Juan Pablo Rodríguez Acuña y Amalia Salas Porras, y fue acogida por unanimidad por los miembros del Concejo.
Solicitan suspender licitación
En el texto de la moción se solicita que la Administración Municipal evalúe el retiro del proceso licitatorio SICOP No. 2025LY-000002-0003600001, bajo el procedimiento titulado: Contratación del servicio público de regulación y control de estacionamiento en las vías públicas del cantón de San Carlos.
Los regidores argumentan que aún no se ha finalizado el nuevo reglamento que regulará la operación de los parquímetros, y que ya existe una comisión especial designada para analizar las modificaciones necesarias al marco normativo vigente.
Fundamento legal
La solicitud se sustenta en el principio de juridicidad, establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), que establece que toda actividad administrativa debe estar sujeta al ordenamiento jurídico.
Además, se hace referencia a los principios de eficiencia, coordinación, planificación y mejora continua en la prestación de servicios públicos (artículos 4, 5 y 6 de la LGAP), como base para suspender temporalmente el proceso licitatorio hasta que el reglamento actualizado sea oficialmente publicado.
Puntos clave de la moción
1. Comisión municipal activa:
Existe una comisión del Concejo que actualmente analiza el reglamento vigente de estacionamiento. Proceder con la licitación sin haber actualizado ese marco normativo podría generar riesgos jurídicos, operativos y administrativos.
2. Rol del Concejo Municipal:
Aunque un Concejo anterior impulsó la reglamentación actual, el cuerpo edilicio no es un órgano técnico, sino político y de control. Su deber es validar que los procesos administrativos y contractuales se ejecuten conforme al principio de legalidad y en apego a la realidad del cantón.
3. Participación ciudadana y control político:
El proceso anterior recibió múltiples observaciones de la ciudadanía y de regidores, por lo que se considera que la revisión en curso representa una oportunidad para corregir errores, fortalecer controles y garantizar un servicio alineado con el interés público.
