El narcotráfico se está convirtiendo en una amenaza muy seria para nuestro país. Avanza a pasos agigantados y se posiciona en los Estados de la región. Internamente toma posiciones con holgura en las comunidades, regiones, poderes locales y sectores económicos porque, además de disponer de un gran poder económico, encuentra condiciones favorables entre los excluidos, la falta de oportunidades para los jóvenes, especialmente en las zonas costeras y fronterizas, así como en la corrupción y debilidad de la organización institucional, que le permite enraizar y florecer.
El terror que impone la acción de los gatilleros en la toma de territorios define un nuevo orden social en las comunidades frente a la ineficacia y lentitud institucional.
Hacer frente a este inédito reto demanda una transformación e integración de la política pública. Se requiere, por una parte, en lo inmediato, elevar la calidad y capacidad represiva y, por otra, pero no menos importante ni urgente es desarrollar la capacidad preventiva.
Estas dos acciones requieren coordinación y un clima de consenso institucional donde la corrupción sea severamente reprimida, ya que de otra forma sería como arrojar agua en un canasto.
La acción represiva, además de incorporar modernos equipos y elevar el entrenamiento de las policías, debe ser de gran calidad, basada, no tanto en su número, sino sobre todo en un servicio de inteligencia que involucre a las comunidades organizadas. No se trata de transformar a los miembros de las comunidades en policías, para lo cual no están preparados, sino en informantes calificados que orienten el quehacer del aparato represivo. Es preciso poner a operar la seguridad comunitaria con un nuevo nivel de calidad. El involucramiento y capacitación organizacional de las comunidades es estratégico en esta lucha, sin él la guerra estará perdida.
Por otra parte, no menos importante, sin políticas de prevención que abran oportunidades promisorias a los excluidos y a los jóvenes, que compita con la oferta de los narcos. La mejor política de represión, sin prevención solo llenará cada vez más las cárceles, sin ponerle fin a la penetración y el peligro creciente del poder narco.
La prevención para que sea efectiva debe incluir, aunque sea en el mediano plazo, una reforma al sistema educativo que lo actualice, empezando por los docentes, a la época en que vivimos con sus cambios científicos y tecnológicos. Dándole, por una parte, contenidos que inserten y motiven a los jóvenes en el manejo de sus realidades y, por otra, en formas educativas estimulantes.
Este es un proceso que debe asentarse en las mejores prácticas desarrolladas por educadores nacionales, que existen y por otra en la hibridación con las mejores experiencias internacionales, enviando destacamentos de jóvenes maestros a países de avanzada en el campo educativo como Finlandia o China, como lo hicimos en su oportunidad en el siglo XX.
Paralelamente, debe iniciarse un proceso de autocapacitación que actualice a más de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA), que tiene menos que bachillerato con problemas de desempleo, con el objetivo de obtener ingresos adecuados para las necesidades familiares.
Hacer esta tarea requiere de visión, que deje de lado el considerar a los excluidos como “perdedores” y adecuarse a una articulación del Estado que incluya una política social proactiva basada en la organización de la gente.
En otras palabras, necesitamos un Estado de reconstrucción nacional que lidere el cambio en la región como lo hicimos en 1856.
El autor de este artículo de opinión es sociólogo.
