El viernes anterior fue la reunión de la Comisión Especial del Concejo Municipal de San Carlos que estudia la conveniencia o no de conciliar en uno de los casos de corrupción más sonados de ese Gobierno Local en el año 2010, cuando se detectó que según la investigación, una mujer la habíaN metido a la municipalidad con un cargo en proveeduría y desde allí lograba contratos de infraestructura para una empresa de su padre, la misma que no tenía ni un carretillo.
La Comisión Especial integrada por los regidores Eduardo salas del partido Liberación, Raquel Marín de la Unidad, Jorge Rodríguez de Progreser, Melvin López de Aquí Costa Rica Manda y Patricia Romero del PLP tenían la esperanza de tomar una decisión el viernes anterior, sin embargo se supo que acordaron pedir un plazo de una mes al Tribunal Penal del ll circuito Judicial de Goicochea para resolver el tema.
Inicialmente los regidores habían acordado conciliar por 50 millones de colones dejando libres a los imputados e incluso ni la hoja delincuencia les mancharían con lo que las empresas involucradas podrían contratar nuevamente con la municipalidad.
Sin embargo, gracias a un recurso de revocatoria presentado por dos ciudadanos se logró que echaran atrás y se creará una comisión para analizar nuevamente el caso.
Hace 15 años a raíz de una denuncia del exregidor Carlos Corella ante la Contraloría General de la República, expuso que “Excavaciones Campos Zamora S.A.” utilizó la empresa “Transportes Cruzco S.A.” como una pantalla para desviar fondos municipales y donde el municipio se habría visto perjudicado por un monto de 108 millones de colones, luego de que exfuncionarios favorecieran a familiares con recursos municipales.
El caso, registrado bajo el expediente 23-000029-0951-PE, se centra en presuntas irregularidades en licitaciones y contrataciones directas que habrían favorecido a familiares de la entonces coordinadora de proveeduría municipal, Jennifer Campos Zamora.
