El sueño de dejar de pagar altas sumas de dinero por alquileres que inició en la Administración de Luis Guillermo Solís bajo el título Ciudad Gobierno, fue tomado con mucha fuerza a inicios de la Administración Chaves Robles, pero ya pasaron un año y cuatro meses y ahora la Contraloría le pone palos al al cuestionar el proyecto presentado por este gobierno.
El proyecto se encuentra en etapa de formulación apegado al ordenamiento jurídico nacional, especialmente, a postulados de la Ley de Contratación Pública y su reglamento indican en el Misterio de Planificación.
Ante la advertencia de La Contraloría el gobierno presentó Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio ante la Contraloría General de la República y los ministros de Planificación Nacional y Política Económica y de Hacienda, buscan coordinar una sesión de trabajo con la Contraloría General de la República; para explicar directamente los alcances y beneficios del proyecto, así como el marco de legalidad que respalda al mismo.
“Buscamos un serio y profundo acercamiento con la Contraloría y sus jerarcas para explicar que lo que estamos desarrollando es de beneficio para todos los costarricenses y se formula en estricto apego a la normativa nacional en materia de contratación pública. En la formulación de Ciudad Gobierno hemos estudiado antecedentes nacionales de proyectos de obra pública desarrollados con modelos similares. Hay múltiples antecedentes”, dijo Laura Fernández Delgado, ministra de Planificación Nacional y Política Económica.
Los ministros Nogui Acosta Jaén (Hacienda) y Laura Fernández Delgado (Mideplan) presentaron este jueves 7 de septiembre ante el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República un recurso de revocatoria con apelación en Solicitamos que se reconsidere parcialmente la “Advertencia relacionada con el trámite del Proyecto Ciudad Gobierno”, según oficio 11837 (DFOE-FIP-0354) de 4 de setiembre de 2023 emitido por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República, específicamente, en cuanto a la indicación de que “no es posible utilizar la figura de compra y arrendamiento de bienes inmuebles prevista en el artículo 67 de la LGCP para contratar de forma directa el objeto indicado por la administración”; para que, en su lugar, se amplíe o modifique esa opinión considerando los argumentos esgrimidos en el presente escrito”.subsidio.
El proyecto busca concentrar al menos 35 instituciones públicas, que tendrían aproximadamente 10 mil funcionarios en cinco edificios en Plaza Víquez. El proyecto de construcción rondaría $450 millones y generaría importantes ahorros al país en alquileres. El proyecto se encuentra en etapa de formulación apegado al ordenamiento jurídico nacional, especialmente, a postulados de la Ley de Contratación Pública y su reglamento indican en el Misterio de Planificación.
Por último, en la misma petitoria se menciona que, “Asimismo, solicitamos una audiencia formal presencial para abrir el diálogo y estudio estos aspectos con mayor profundidad, a partir de antecedentes y posturas jurídicas alternativas que pueden ser valoradas, de manera que el Gobierno de la República pueda tomar decisiones que propicien una solución integral a las necesidades inmobiliarias que conduzcan a la mejor gestión pública, al mejor uso de los fondos públicos, a la corrección de situaciones de perpetuo beneficio para determinados actores de mercado que derivan ventajas manifiestas del modo de actuación tradicional”.
