El régimen de excepción en El Salvador se implementó inicialmente el 27 de marzo de 2022 en respuesta a un aumento de homicidios atribuibles a pandillas. Desde entonces, ha sido prorrogado repetidamente por la Asamblea Legislativa controlada por el partido del presidente Nayib Bukele.
Esta medida suspende derechos constitucionales fundamentales, permitiendo detenciones sin orden judicial y limitando garantías procesales básicas, como el derecho a ser presentado ante un juez en un plazo razonable. Estas características han sido ampliamente documentadas por organizaciones de derechos humanos.
Rerte de Socorro Jurídico Humanitario (SJH): muertes bajo custodia estatal
El informe más reciente de Socorro Jurídico Humanitario (SJH) —una organización local que monitorea el sistema penal salvadoreño— documenta cifras preocupantes sobre muertes de personas privadas de libertad bajo el régimen de excepción:
- Hasta finales de enero de 2026, al menos 470–480 personas han muerto bajo custodia estatal desde marzo de 2022.
- De esas personas, 94 % no tenían vínculos comprobados con pandillas, según el análisis detallado de SJH.
- Entre las víctimas se identifican ciudadanos comunes: pastores evangélicos, sindicalistas, comerciantes, taxistas e incluso menores de edad y bebés fallecidos por complicaciones médicas no atendidas.
Esto contradice la narrativa oficial que sugiere que los detenidos bajo esta medida son en su mayoría «criminales peligrosos». La documentación indica que la mayoría de quienes fallecieron no tenían sentencia ni prueba concluyente de pertenecer a pandillas y muchos fueron detenidos de manera arbitraria.
Causas de muerte: violencia, negligencia y falta de atención médicaEl informe de SJH clasifica las causas de muerte registradas, mostrando una combinación de violencia física —incluyendo golpes— y negligencia médica grave:
- Un número significativo de muertes está vinculado a violencia dentro de las prisiones o torturas.
- Numerosas personas murieron por negligencia o falta de atención médica adecuada, incluyendo casos de enfermedades que pudieron ser atendidas si se hubieran recibido cuidados oportunos.
La acumulación de muertes por estas causas sugiere deficiencias severas en la protección de la vida y la integridad de los detenidos, y apunta a posibles violaciones de derechos humanos en el contexto de la custodia estatal.
Debate sobre derechos humanos, seguridad y Estado de derecho
El régimen de excepción ha sido elogiado internacionalmente por reducir la violencia homicida, y El Salvador ha sido citado en ciertos rankings globales de seguridad. Sin embargo, estos logros cuantitativos en materia de seguridad no implican, per se, respeto a derechos procesales ni a la dignidad humana de los detenidos.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch han documentado en sus informes tendencias preocupantes de abusos, detenciones arbitrarias, torturas y erosión de controles democráticos mientras Bukele concentra poder político y reprime a defensores de derechos humanos y críticos.
¿Seguridad a costa de la vida de inocentes?
El estado de excepción prorrogado en El Salvador ha transformado el sistema de justicia y el manejo de la seguridad pública en una lógica de emergencia permanente. Aunque ha contribuido a una drástica reducción de homicidios en el país, el uso continuado de detenciones sin debida supervisión judicial, la falta de procedimientos procesales justos y la muerte de personas sin vínculos comprobados con pandillas —según datos de SJH— plantean serias cuestiones de derechos humanos y de Estado de derecho.
La enorme proporción de fallecidos no pandilleros, junto con evidencias de violencia y negligencia médica en prisiones, muestra que la política ha ido más allá de una estrategia de seguridad para convertirse en un instrumento que puede violentar derechos fundamentales sin suficiente mecanismos de rendición de cuentas.
