Cuando Elena entró por primera vez al interior de la prisión para mujeres en El Salvador, conocida como “Cárcel de Mujeres”, no se imaginó que dormiría en el suelo. La celda asignada para su reclusión ya tenía 60 mujeres y la capacidad era de 20.
Este caso fue documentado por la organización de derechos humanos Cristosal, con sede en San Salvador, cuya función es explicar el nivel de hacinamiento que hay en las cárceles salvadoreñas actualmente.
La sobrepoblación en las cárceles de El Salvador no es un tema nuevo, pero sí más agudo ahora: el año pasado el sistema penal tenía la capacidad para recluir a 30.864 personas y, sin haber construido un nuevo penal, ahora tiene un aproximado de 94.000 presos.
Pero, ¿por qué El Salvador es llamado por organizaciones de derechos humanos, el país con la tasa más alta de presos en el mundo? La respuesta es el régimen de excepción en el que lleva siete meses.
El último fin de semana de marzo, las pandillas, que aparentemente habían sido golpeadas con el plan de seguridad estrella del gobierno salvadoreño, llamado ”Plan Control Territorial”, masacraron a 88 ciudadanos en tres días.
Ante la emergencia, el gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea aprobar de inmediato un régimen de excepción, con el que pudiera sitiar comunidades históricamente peligrosas y capturar a los pandilleros y sus colaboradores.
Las pandillas pararon la matanza. Pero el régimen que se mantiene vigente lleva 55.061 capturados. Un número que junto a los 39.500 presos que había antes del régimen sobrepasa la capacidad de los penales tres veces.
“Las cárceles, lejos de cumplir con el fin preventivo especial de la resocialización del delincuente, se han caracterizado por exhibir hacinamiento, insalubridad, desnutrición, enfermedades, epidemias y carencias de materiales de todo tipo, incluyendo personal penitenciario idóneo”, indicó la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) en un informe sobre derechos humanos de los privados de libertad.
Elena como otros reos viven esa insalubridad a diario. Cristosal lleva meses documentando testimonios de personas que fueron recluidas en celdas sin acceso a agua para consumo o aseo personal.
Aunque la situación varía en cada celda y penal, en “Cárcel de Mujeres” las condiciones de reclusión son catalogadas como “inhumanas y degradantes”.
Elena es una de las mujeres entrevistadas por Cristosal, cuyo nombre real fue resguardado. El caso de la mujer da cuenta de que el acceso a los servicios sanitarios está restringido.
Tampoco hay comunicación regulada entre los reos y sus familias. Lo poco que los familiares conocen sobre los detenidos es el penal en el que se encuentran. A otros con menos suerte, les toma días averiguar el paradero de su familiar detenido.
La administración de los penales como el de Mariona, en San Salvador, coloca hojas con mensajes informando los horarios en los que familiares puede llevar los kit de limpieza, los medicamentos o los alimentos.
Los paquetes los venden afuera de los penales y varían de precios: desde los 50 dólares hasta los 100 dólares, en un país cuyo salario mínimo es de 360 dólares.
Aunque la capacidad en los penales ya fue sobrepasada, el Gobierno salvadoreño ejecuta grandes traslados de reos de un penal a otro, como el ocurrido en septiembre de un grupo de hombres trasladados a “Cárcel de Mujeres”.
“Los criminales que han causado luto y dolor a los salvadoreños van a estar en condiciones de penumbra”, dijo hace unos meses Osiris Luna, director de las cárceles salvadoreñas.
