Con la resolución 2025-034575, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia concluyó que el proyecto de Ley de Fomento y Promoción de la Competencia en el Mercado de Medicamentos (expediente 23.234) no incurre en vicios de procedimiento ni de fondo respecto a los puntos sometidos a consulta.
La consulta había sido interpuesta por un grupo de diputadas y diputados quienes cuestionaban, entre otros aspectos, la inclusión de instituciones públicas en el mercado regulado —como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Instituto Nacional de Seguros — y la falta de estudios técnicos que respaldaran las disposiciones sobre genéricos, bioequivalencia y regulación del mercado.
Este fallo de la Sala Constitucional marca un momento clave en la regulación del mercado de medicamentos y podría tener impacto directo sobre los precios y la accesibilidad de fármacos en Costa Rica.
Qué resolvió la Sala Constitucional
- Se determinó que no existe una violación constitucional evidente en los artículos cuestionados —es decir, no se identificaron vicios que ameriten declarar inconstitucional el proyecto.
- En su decisión, la Sala hizo énfasis en que el Estado, como parte de su rol en un “Estado social y democrático de Derecho”, está facultado para intervenir mercados cuando ello favorece la competencia, protege al consumidor y previene monopolios.
- El dictamen de la Sala habilita al texto legal para continuar su trámite legislativo con miras a convertirse en ley, lo que finalmente ocurrió: el proyecto fue aprobado en segundo debate.
Relevancia de la decisión
El aval de la Sala Constitucional allana el camino para que la ley —aspirando a incentivar la competencia entre proveedores de medicamentos en el sector privado— entre en vigencia sin que se consideren inconstitucionales las reformas propuestas. El objetivo declarado de la norma es facilitar el acceso de la población a medicamentos más asequibles, eliminar contratos de exclusividad y promover una apertura del mercado farmacéutico.
La resolución refleja un entendimiento de que la regulación estatal puede ser legítima cuando busca proteger derechos fundamentales (como la salud) y garantizar un mercado competitivo.
Este fallo de la Sala Constitucional marca un momento clave en la regulación del mercado de medicamentos y podría tener impacto directo sobre los precios y la accesibilidad de fármacos en Costa Rica.
La aprobación del proyecto en segundo debate respaldada por esta resolución pone al país un paso más cerca de implementar cambios estructurales en el sector farmacéutico.
