La Defensora de los Habitantes urgió a las autoridades de los tres bancos estatales acciones para salvaguardar el bienestar económico de la población costarricense.
Esta intervención surge en respuesta a la decisión de la autoridad monetaria de incrementar las tasas de interés con el propósito de mantener el indicador de la inflación dentro del rango del 2% y 4% en el mediano plazo.
“Considera la Defensoría que el anunciado incremento en tasas de interés no constituye una medida suficiente para salvaguardar el bienestar de la población pues, obedece a un enfoque macroeconómico que no contempla sus efectos perversos sobre las clases de ingresos medios y bajos, así como las micro y pequeñas empresas que se encuentran altamente endeudadas”, expresó Catalina Crespo en el oficio dirigido a los jerarcas del BCR, Banco Nacional y Banco Popular.
Advierte que el incremento en las tasas de interés encarecerá el crédito y hará que muchos hogares deban disponer de una mayor parte de su presupuesto para el pago de su deuda, limitando aún más los recursos disponibles para satisfacer necesidades básicas.
Adicionalmente, podría ocasionar el cierre de pequeñas empresas que se encuentran endeudadas y enfrentan problemas de solvencia, con lo cual se agudiza el problema del desempleo.
Según el estudio “Endeudamiento de los hogares costarricenses”, de la Oficina del Consumidor Financiero (OCF), el 74% de las personas entre los 18 y los 65 años tienen comprometidos partes de sus ingresos con alguna deuda y, de ese grupo, alrededor de un 20% tiene compromisos de pago que representan el 62,5% o más de sus ingresos mensuales.
En algunos casos, señala la Oficina del Consumidor Financiero, el porcentaje de compromiso supera el 150% y hasta el 300% sobre sus ingresos; es decir, sus pagos destinados a deudas representan más de lo que ganan por mes.
Por lo anterior, para la Defensoría es fundamental conocer si los Bancos estatales han considerado, dentro de sus políticas crediticias, el diseño de una estrategia para que las micro y pequeñas empresas, así como los hogares de salarios medios y bajos, que mantienen préstamos con estos Bancos, puedan hacer frente al aumento en sus cuotas sin comprometer el bienestar de sus familias.
“Nos interesa la información sobre las medidas que el banco está tomando como, por ejemplo, la renegociación de las condiciones de los créditos sin afectar el récord crediticio de los solicitantes, readecuación, refinanciamiento, ampliación de plazos, condonación de una proporción de las deudas para evitar que los acreedores incurran en insolvencia o diferir el incremento de las cuotas a través del tiempo,”, manifestó Crespo.
La Defensora agregó que no debe obviarse que sectores importantes de la población actualmente soportan un alto desempleo, pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso, bajo nivel educativo, carencia de vivienda propia, discriminación, limitado acceso a bienes y servicios, entre otros aspectos.
Alrededor de un millón de personas laboran en el sector informal en Costa Rica, así como en en micro y pequeñas empresas con bajas remuneraciones, situación que les impide cotizar en el Régimen de Seguros del IVM y disfrutar de una pensión digna en el momento de la jubilación.
