Son dos las propiedades que serán devueltas en los próximos días a igual número de Asociaciones de Desarrollo Indígena. Una corresponde a los Maleku, en el cantón de Guatuso, y la otra está ubicada en el territorio indígena Cabagra, en Buenos Aires de Puntarenas.
Esas fincas ya completaron todo el proceso de estudio hasta culminar con el dictamen jurídico, que determina que ambas propiedades están en manos de personas no indígenas y que deben ser entregadas a las comunidades nativas.
Los expedientes fueron remitidos en enero y febrero de este año por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder) a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), según lo establece la ley Nº6172.
La CONAI resolvió el pasado marzo elevar una consulta sobre el proceso de los pagos a la Contraloría General de la República, lo cual ha paralizado el proceso de devolución hasta contar con la respuesta del ente contralor.
La promulgación de la Ley Indígena de 1977 definió la obligación del Estado de devolver todas las tierras a las asociaciones de desarrollo de los territorios.
Sin embargo, fue hasta en la Administración Alvarado Quesada en la que se terminaron los primeros estudios como parte del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas, creado en 2016 y además, se asignaron fondos para indemnizaciones para los poseedores de buena fe.
“Se ha brindado un esfuerzo decidido y sistemático para que, dentro del plan RTI, se tenga una ruta clara a nivel administrativo para la devolución de tierras indígenas. Este esfuerzo está dando resultados y se espera que las instancias respectivas puedan tomar decisiones trascendentales para este tema. Sabemos que el goce pleno de los derechos de los pueblos indígenas está directamente relacionado con la tierra, territorios y recursos”, afirmó el viceministro de la Presidencia, Randall Otárola.
El Gobierno destinó ₡3.200 millones. ₡2.000 millones son aportados por el Inder y ₡1.200 millones están incluidos en el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería, para indemnizar a las personas poseedores no indígenas. Ellos adquirieron esas propiedades antes de la definición de los límites de cada uno de los territorios nativos.
Por ahora, el Ministerio de Hacienda está a la espera de la resolución de la Contraloría General de la República, que le permita realizar las indemnizaciones del caso y las autoridades puedan tomar las propiedades y hacer el traslado registral a las asociaciones de desarrollo Maleku y Cabagra.
