El número de personas detenidos durante el Régimen de Excepción en El Salvador continúa en aumento, mientras sus familiares aseguran que han sido capturados injustificadamente en operativos policiales y buscan apoyo para que se haga justicia porque afirman que, los detenidos no tienen vínculos con las pandillas.
Manifestantes con fotos y carteles protestaron frente al edificio del Congreso, en San Salvador, para exigir la liberación de sus familiares que fueron detenidos durante el estado de emergencia aprobado por el Gobierno de Nayib Bukele, para frenar la violencia de las pandillas.
Paul Morroy, una de las personas que participó en una concentración frente a la oficina del Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, dijo que solicitan que avancen las investigaciones de los casos.
“En ningún momento nosotros nos oponemos a la captura de ciudadanos que tengan alguna relación con el crimen organizado en nuestro país, pero no así en la detención de salvadoreños inocentes”, afirmó Morroy.
En junio, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos informó que investigaba 1.931 denuncias, que incluyen casos de detenciones calificadas como “arbitrarias” y que tienen calificaciones jurídicas preliminares sujetas a confirmación, pero hasta hoy la entidad no ha presentado los resultados.
Los funcionarios de seguridad defienden los protocolos de actuación para realizar las capturas, señaló el Director de Centros Penales, Osiris Luna.
Adicionalmente, el Gobierno de Bukele informó que avanza en la construcción de una “Mega Cárcel”, que espera esté lista en los próximos meses para confinar a los miembros de pandillas identificados por las autoridades judiciales como de “alta peligrosidad”.
