La propuesta del abogado constitucionalista Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa Laura Fernández Delgado, de impulsar una reforma constitucional que permita instalar bases militares de Estados Unidos en el país, reactivó un debate histórico en torno a la soberanía, la abolición del Ejército y los límites de la cooperación internacional en seguridad.
El planteamiento sugiere ubicar eventuales bases en Limón, Puntarenas y Guanacaste, provincias costeras señaladas por autoridades como puntos estratégicos en rutas del narcotráfico internacional.
Antecedentes: abolición del Ejército y modelo de seguridad
El artículo 12 de la Constitución Política establece que “se proscribe el Ejército como institución permanente”. Esta disposición tiene su origen en la decisión adoptada en 1948 por la Junta Fundadora de la Segunda República y posteriormente incorporada en la Constitución de 1949.
Desde entonces, Costa Rica estructuró su modelo de seguridad sobre cuerpos policiales civiles, entre ellos la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas, adscritos al Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica.
El ingreso de fuerzas militares extranjeras no está prohibido de forma absoluta, pero requiere autorización legislativa. El artículo 121 inciso 5 de la Constitución establece que corresponde a la Asamblea Legislativa de Costa Rica permitir o negar el tránsito o permanencia de tropas extranjeras en el territorio nacional.
Precedente de 2010: autorización a buques y personal estadounidense
En 2010, la Asamblea Legislativa autorizó el ingreso temporal de buques de guerra y personal militar estadounidense para operaciones conjuntas de lucha contra el narcotráfico. La decisión generó amplio debate político y social, aunque el Gobierno de turno sostuvo que se trataba de cooperación antidrogas y no de establecimiento de bases permanentes.
En esa ocasión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica declaró sin lugar acciones de inconstitucionalidad contra la autorización legislativa, al considerar que el permiso se ajustaba al marco constitucional vigente, siempre que fuera temporal y aprobado por el Congreso.
La diferencia central con la propuesta actual radica en que esta plantea una eventual presencia permanente mediante bases militares, lo cual implicaría una reforma constitucional bajo el procedimiento del artículo 195, que exige aprobación en dos debates en legislaturas distintas y mayoría calificada de 38 diputados.
Contexto actual del narcotráfico
Informes recientes del Organismo de Investigación Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública han advertido sobre el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y el uso del país como punto de almacenamiento y tránsito de cocaína hacia mercados internacionales, especialmente Europa y Estados Unidos.
Las provincias costeras del Caribe y el Pacífico han sido identificadas como puntos sensibles por su ubicación estratégica y actividad portuaria.
Implicaciones políticas y jurídicas
Especialistas en derecho constitucional han señalado en distintos debates públicos que una eventual reforma de este tipo requeriría no solo el respaldo legislativo calificado, sino también un amplio consenso político y social, dado el simbolismo histórico de la abolición del Ejército en Costa Rica.
Hasta el momento, no se ha presentado formalmente un proyecto de reforma ante la Asamblea Legislativa. La propuesta permanece en el ámbito declarativo y abre la puerta a una discusión nacional sobre soberanía, seguridad y cooperación internacional.
