Al expresidente hondureño, Juan Orlando Hernández, se le exaltaba en Estados Unidos como un aliado crucial en la guerra contra la droga. Ahora, los fiscales federales lo acusan de gobernar su país como un “narcoestado”, al recolectar millones de dólares de los carteles violentos para financiar su ascenso al poder.
Casi dos años después de su arresto y extradición, Hernández va a juicio en un tribunal federal en Manhattan, acusado de narcotráfico y delitos armados. Este martes se realizó la selección del jurado.
Es una caída en desgracia escandalosa para un dirigente político, a quien gobiernos tanto demócratas como republicanos consideraban beneficioso en la lucha contra el narcotráfico y para ayudar a detener las olas de migrantes que cruzaban la frontera desde el sur.
El hecho de que a Hernández se le juzgue en Estados Unidos en lugar de su país natal pone de relieve la debilidad institucional de Honduras, dijo Raúl Pineda Alvarado, un analista político hondureño y exlegislador por el Partido Nacional de Hernández.
“Para los hondureños, significa la demostración de lo débil de nuestra democracia, entendida como división de poderes”, señaló Pineda. “Los políticos no están sujetos a ningún control”.
Según las autoridades federales, durante casi dos décadas Hernández obtuvo ganancias del comercio de cientos de miles de kilos de cocaína introducidos en Estados Unidos y, en ocasiones, cooperó con el poderoso cartel mexicano de Sinaloa.
Los millones de dólares procedentes del narco que Hernández empezó a recibir alrededor de 2004, sirvieron a su vez para financiar su ascenso, desde legislador que representaba a una provincia rural en el occidente de Honduras hasta presidente del Congreso Nacional y dos períodos presidenciales de 2014 a 2022, dicen los fiscales.
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