Fortalecer la investigación académica para generar datos e insumos relevantes para la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas sobre la prevención y reducción del consumo de drogas y actividades ilícitas asociadas, es el propósito que tiene un convenio de cooperación firmado ayer, entre el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
De esta forma se potenciará el trabajo de la Unidad de Información y Estadística Nacional sobre Drogas, que funge como observatorio nacional sobre drogas. Además, el acuerdo permite colaborar con la medición del impacto de las drogas en poblaciones vulnerables aquejadas por la violencia y el consumo de sustancias ilícitas, explicó el presidente del ICD y viceministro de la Presidencia, Rándall Otárola.
La firma se llevó a cabo en las instalaciones del ICD en San José y contó con la presencia del viceministro de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano y presidente del Instituto Costarricense sobre Drogas, Rándall Otárola, el director del ICD, Sergio Rodríguez y la directora para Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Ilka Treminio Sánchez.
El acuerdo permitirá profundizar el conocimiento del fenómeno de las drogas en la sociedad costarricense y el impacto social que tiene sobre las comunidades. También, según explicó Treminio Sánchez, este acuerdo favorecerá “el análisis riguroso de los datos estadísticos que son evidencia científica sobre distintos fenómenos relacionados al consumo de drogas”.
Para el director del ICD, Sergio Rodríguez Fernández, esta alianza marca “un hito en la transformación de la política pública de Costa Rica, toda vez que el ICD se verá nutrido de la especialidad técnica y la objetividad científica de FLACSO”.
Asimismo, Rodríguez Fernández destacó la relevancia de mantener al día la “fotografía nacional del estado de situación” sobre el fenómeno de las drogas ilícitas para que las distintas agencias, instituciones y órganos nacionales dedicados a la atención, prevención y combate al narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de dinero, cuenten con los datos más precisos y actualizados para dirigir su labor y proteger a la ciudadanía.
