El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, revela que Costa Rica obtuvo 56 puntos sobre 100, lo que representa un retroceso de dos puntos respecto al año anterior y confirma un preocupante estancamiento en la lucha contra la corrupción en el país.
La puntuación de 56 coloca a Costa Rica en el puesto 46 entre los 182 países evaluados, según el listado global más reciente.
Una década estancada
El informe indica que este desempeño mantiene a Costa Rica anclada en la franja de los cincuenta puntos, sin romper esa barrera en más de una década. Desde que el IPC es comparable, el país no ha superado los 59 puntos, su mejor registro alcanzado en 2017.
El IPC es una medición global que evalúa la percepción de la corrupción en el sector público, usando una escala de 0 (alto nivel de corrupción) a 100 (bajo nivel de corrupción).
Contexto global y regional
En el plano mundial, Dinamarca lidera por octavo año consecutivo con 89 puntos, seguida por Finlandia (88), Singapur (84), Nueva Zelanda (81) y Noruega (81) entre los países percibidos con menos corrupción.
En contraste, naciones como Sudán del Sur (9), Somalia (9), Venezuela (10), Yemen (13) y Libia (13) figuran en los extremos más bajos del índice.
En el contexto de América Latina, el informe también comunica un estancamiento de la región en la lucha contra la corrupción, donde Costa Rica y Uruguay se destacan como democracias con mejores resultados, aunque con riesgos persistentes, mientras que otros países enfrentan mayores desafíos institucionales.
Advertencia de expertos
Juany Guzmán León, presidenta de Costa Rica Íntegra, expresó que aunque existe un gobierno con legitimidad electoral y compromiso declarado contra la corrupción, los resultados solo llegarán con un plan definido, rendición de cuentas efectiva y acciones concretas. Esta declaración resalta la necesidad de medidas estructurales claras para alterar la trayectoria del país.
Implicaciones para la ciudadanía y la gobernanza
El estancamiento en la percepción de la corrupción es un indicador de alerta: refleja que la ciudadanía, inversionistas y organismos internacionales pueden percibir fragilidad en las instituciones públicas, lo que podría afectar la confianza, la inversión y la eficacia de los servicios públicos.
Ante estos resultados, queda un llamado urgente a reforzar mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y fortalecimiento institucional, con especial atención en estrategias que reviertan esta tendencia que persiste desde 2012.
