Upala. La situación ambiental del río Zapote llegó a conocimiento de la Sala Constitucional, que ordenó a varias autoridades públicas rendir cuentas en un plazo de tres días hábiles sobre las denuncias relacionadas con un supuesto deterioro progresivo de este importante afluente del cantón de Upala.
La decisión surge tras la admisión para estudio de un recurso de amparo presentado por el ciudadano Eduardo Villegas Barrantes, quien atribuye la problemática a la acumulación de actividades de generación hidroeléctrica y extracción de materiales en el cauce del río.
Según los hechos expuestos en el expediente N.° 26-019349-0007-CO, el río estaría enfrentando una serie de impactos ambientales que incluyen la disminución del caudal, especialmente durante la época seca, alteraciones en su cauce natural, aumento de sedimentos, deterioro en la calidad del agua y afectaciones a la biodiversidad acuática.
La denuncia también advierte que durante el año 2026 se han observado cambios físicos y biológicos que evidenciarían un deterioro sostenido del ecosistema, situación que podría estar comprometiendo actividades económicas y de subsistencia de numerosas familias de la zona.
Impacto sobre productores y comunidades
El recurso señala que los efectos ambientales denunciados trascienden el ámbito ecológico y tienen consecuencias directas sobre sectores productivos que dependen del río. Entre las actividades potencialmente afectadas figuran la ganadería, la agricultura, el uso doméstico del agua y el turismo asociado a los recursos naturales del cantón.
La preocupación cobra relevancia en una región donde los cuerpos de agua representan una fuente estratégica para la producción agropecuaria y para el abastecimiento de comunidades rurales.
Sala IV exige respuestas
Ante la gravedad de los hechos denunciados, la Sala Constitucional ordenó rendir informes al alcalde y al presidente del Concejo Municipal de Upala, así como a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Dirección de Aguas y la Dirección de Geología y Minas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).
Las autoridades deberán pronunciarse específicamente sobre las denuncias planteadas y aportar documentación relacionada con el control, supervisión y permisos vinculados a las actividades señaladas en el recurso.
La resolución advierte que los informes se consideran rendidos bajo juramento y que cualquier omisión o falsedad podría acarrear consecuencias legales. Además, recuerda que la falta de respuesta puede provocar que los hechos denunciados se tengan por ciertos para efectos de la resolución del caso.
Una señal de alerta para la gestión ambiental
La intervención de la Sala Constitucional coloca nuevamente bajo escrutinio la gestión de los recursos hídricos en la Zona Norte del país y abre el debate sobre la capacidad institucional para prevenir impactos acumulativos en ecosistemas sensibles.
Aunque el recurso aún se encuentra en fase de investigación y no existe una resolución sobre el fondo del asunto, la apertura del expediente refleja la preocupación existente respecto al estado del río Zapote y la necesidad de determinar si las actividades desarrolladas en la cuenca están cumpliendo con la normativa ambiental vigente.
Mientras las instituciones preparan sus informes, comunidades, productores y organizaciones ambientales permanecen atentos a las conclusiones que puedan derivarse de este proceso, cuyo resultado podría tener implicaciones significativas para la protección de uno de los recursos hídricos más importantes del cantón de Upala.
