El presidente de Colombia, Gustavo Petro, encendió las alarmas sobre el modelo eléctrico de su país, denunciando públicamente que cinco empresas privadas controlan más del 70% del mercado energético colombiano, fijando precios sin regulación estatal. Su advertencia llega justo cuando en Costa Rica se discute el proyecto de Ley de “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional” (expediente 23.414), una propuesta que críticos señalan podría abrir el camino hacia un modelo similar.
En un video difundido en sus redes sociales, Petro afirmó que Colombia es el único país de América Latina donde el Estado no regula el precio de la energía, lo que ha generado tarifas elevadas para millones de colombianos.
“Cinco empresas controlan el mercado, muchas con los mismos dueños. Pueden producir energía barata y venderla hasta cinco veces más cara. Esto solo ocurre aquí, por regulaciones que favorecen a los grandes generadores y no al pueblo”, denunció Petro.
Según el mandatario, el intento de su gobierno por regular las tarifas mediante decreto fue bloqueado judicialmente, lo que mantiene el sistema en manos privadas que “especulan” con los precios y afectan a la población.
El debate en Costa Rica
En Costa Rica, sectores empresariales y algunos políticos impulsan el expediente 23.414, conocido como “Armonización del Sistema Eléctrico Nacional”. Sin embargo, sus detractores advierten que esta iniciativa pretende debilitar el modelo solidario costarricense, en el que la electricidad es un servicio público administrado por el Estado a través del ICE (Instituto Costarricense de Electricidad).
De aprobarse, el proyecto permitiría a las grandes empresas vender directamente energía a grandes consumidores industriales, como Dos Pinos o TicoFrut, dejando al ICE y a las cooperativas la atención del mercado residencial y rural. Especialistas alertan que esto provocaría un encarecimiento de las tarifas para los hogares, mientras las industrias pagarían menos.
Además, el ICE estaría obligado a mantener la red eléctrica y suplir energía en caso de fallos de los privados, lo que, según expertos, trasladaría los costos al Estado y a los usuarios comunes.
Un espejo en el que Costa Rica no quiere mirarse
La denuncia del presidente Petro genera inquietud entre sectores sociales y académicos costarricenses, que temen que el país siga el camino colombiano si se debilita el control estatal sobre el sistema eléctrico.
“En Colombia, la liberalización del mercado eléctrico benefició a unas pocas empresas. En Costa Rica aún tenemos un modelo solidario, que garantiza acceso equitativo. Romperlo podría poner en riesgo décadas de desarrollo y estabilidad energética”, advierte un analista del sector eléctrico.
Mientras tanto, la discusión sobre el expediente 23.414 continúa en la Asamblea Legislativa, y las voces que llaman a proteger el modelo solidario costarricense ganan fuerza ante lo sucedido en Colombia.
