La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se vio obligada a utilizar dinero de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) para pagar pensiones al cierre del 2025, a pesar de que este escenario se preveía hasta el 2041. Esta decisión marca un hito crítico en el principal fondo de jubilaciones del país y anticipa un deterioro más acelerado de su sostenibilidad.
La advertencia fue planteada por el Comité de Vigilancia del IVM ante la Junta Directiva de la CCSS, en el Informe de situación y recomendaciones para mejorar la condición financiera y actuarial del Seguro de Pensiones del IVM, correspondiente al periodo 2024-2025. Su presidente, Rafael Vanegas, señaló que las reservas podrían agotarse antes del 2047 porque varios supuestos actuariales, utilizados en los estudios técnicos, ya no se cumplen.
Entre esos supuestos destacan un desequilibrio estructural entre lo que se aporta al régimen (prima), los beneficios que reciben los pensionados y las obligaciones futuras que debe enfrentar el sistema. Vanegas atribuyó esta situación a la insuficiencia de los aportes, al uso recurrente de los intereses de la reserva, a la deuda acumulada del Estado y a la falta de decisiones oportunas para corregir el rumbo financiero del IVM.
Desde el 2024, la Gerencia de Pensiones utiliza la totalidad de los intereses generados por las inversiones de la reserva para cubrir el pago de pensiones, lo que impide capitalizar el fondo para el futuro. En 2025, además de consumir esos rendimientos, la CCSS debió tomar ¢50.000 millones de la propia reserva para poder honrar sus obligaciones, lo que provocó un decrecimiento del fondo y debilitó su capacidad de generar nuevos intereses.
La Superintendencia de Pensiones (Supén) también ha advertido sobre los signos de deterioro del régimen y recordó que la última valuación actuarial alertó que, si no hay cambios, la sostenibilidad del IVM no estaría garantizada más allá del 2047. Ese horizonte podría adelantarse si continúan utilizándose intereses y reservas para cubrir el desequilibrio entre ingresos y gastos del sistema.
De acuerdo con los estados financieros, a mayo de 2025 la reserva del IVM alcanzaba los ¢2,6 billones, de los cuales un 76% estaba invertido en bonos de deuda del Ministerio de Hacienda, un 10,3% en el sector público, un 5,9% en bancos privados, un 4% en el Banco Central y un 3,8% en otros instrumentos. Al mismo tiempo, la deuda del Estado con el IVM rondaba los ¢769.000 millones, equivalente a cerca del 30% de esa reserva, según el Comité de Vigilancia.
El IVM es el principal fondo de jubilación del país: al cierre del 2025 reportaba unas 393.000 personas jubiladas, 1,8 millones de trabajadores cotizantes y aproximadamente 83.000 patronos. En el 2026, el aporte total al régimen subió al 11,66% del salario, distribuido en un 4,33% a cargo del trabajador, 5,58% del patrono y 1,75% del Estado, ajuste que resulta insuficiente para cerrar la brecha entre ingresos y egresos.
La Constitución Política establece que, si la reserva se agota, el faltante para pagar pensiones debe ser asumido por el Estado mediante el Presupuesto Nacional (artículo 177), lo que trasladaría la presión financiera directamente a las finanzas públicas y, en última instancia, a los contribuyentes. Esta eventualidad adquiere relevancia en un contexto de alta deuda pública y limitado margen fiscal para atender nuevas obligaciones permanentes.
Claves económicas del riesgo
- El IVM opera hoy con una razón de solvencia cercana al 56%, lo que significa que su reserva solo cubre poco más de la mitad de las obligaciones futuras estimadas. Esto refuerza la señal de que el sistema ya se encuentra tensionado incluso antes de agotar la reserva.
- Desde el 2011 se empezaron a usar parcialmente los intereses de la reserva para cubrir el pago de pensiones, pero en 2024 y 2025 se llegó al uso del 100% de esos rendimientos. El salto reciente refleja un cambio de escala que empuja al régimen hacia un esquema de reparto de facto, sin capitalización suficiente para el largo plazo.
- La combinación de envejecimiento poblacional, aumento acelerado de nuevos pensionados y cotizaciones que no crecen al mismo ritmo que el gasto configura un escenario donde, aunque el Estado pague la deuda que mantiene con el IVM, el uso de la reserva seguiría siendo necesario si no se aprueban reformas estructurales.
Un ejemplo ilustrativo de esta dinámica es el siguiente: si el régimen debe pagar cada año más pensiones que lo que recauda por cuotas, se ve obligado a utilizar primero los intereses y luego el capital de la reserva, reduciendo el “músculo” financiero que debería sostener a las futuras generaciones de jubilados.
Posibles salidas en debate
Diversas voces técnicas han señalado que cualquier ruta de solución pasará por una combinación de medidas como revisar la edad de retiro, ajustar las tasas de contribución, replantear beneficios o modificar la fórmula de cálculo de las pensiones. No obstante, estas decisiones requieren acuerdos políticos y sociales amplios, ya que afectan directamente los ingresos de trabajadores activos, empleadores y personas jubiladas.
Mientras no se tomen decisiones de fondo, el IVM continuará dependiendo de la reserva y de los recursos públicos para sostener el pago de pensiones, aumentando la vulnerabilidad del sistema ante shocks económicos o fiscales
