El próximo mes de febrero se elegirán en Costa Rica los alcaldes (as) en todos los cantones del país, así como los Intendentes de Concejos Municipales de Distrito y los respectivos regidores y síndicos, suplentes y propietarios. Este proceso es parte de nuestra querida democracia hasta el día de hoy.
Los gobiernos locales, por ley, tienen la responsabilidad de velar por los intereses de sus comunidades, entre los cuales destaca el procurar el mejor nivel de vida de sus habitantes, por lo que las municipalidades no solo están obligadas a prestar, de forma eficaz y eficiente, sus servicios públicos, sino que también tienen que velar por la economía local, la competitividad del cantón y obviamente de la seguridad ciudadana en el mismo.
Desde 1990 tuve la oportunidad de laborar en la Municipalidad de San José, lo cual me permitió observar el nacimiento de la primera policía municipal y que contó, en su momento, con financiamiento del sector privado de comercios del centro de la ciudad. Así fue creciendo hasta el cuerpo policial que es hoy (más de 500 funcionarios).
El esfuerzo anterior ha sido financiado, históricamente, por el gobierno local de San José con los recursos de impuestos sobre la actividad comercial (patentes), del impuesto sobre bienes inmuebles y, en menor medida, impuestos como el de construcción. Lógicamente, al financiarse de esta forma, los municipios han tenido la limitante presupuestaria como némesis y, por otro lado, ha implicado dejar de realizar algunas obras o mejoras en otros servicios de suma importancia como los mercados y cementerios municipales.
Durante casi 30 años se mantuvo el debate, a nivel del sector municipal, de que era viable cobrar el servicio de seguridad a los habitantes de un cantón solo por medio de la creación de un impuesto específico. Dichosamente, esto cambió a partir de la emisión de la “Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal,” N° 9542, de abril del 2018, que declara el servicio de policía municipal como un servicio público y no como un gasto general de la administración (art.64 Código Municipal). A partir de la vigencia de la ley citada, se han producido pronunciamientos favorables de parte de la Procuraduría General y de la Contraloría General de la República. El ente contralor ha aprobado la tasa de policía a la única municipalidad que la cobra.
Al laborar como director financiero y tributario en la municipalidad de Santa Ana y luego de una amplia explicación al señor alcalde sobre el nuevo marco legal, se tomó la decisión de aprobar e incorporar al presupuesto los recursos de la nueva tasa de policía municipal con un formato de cálculo que fuese aceptable para el contribuyente en términos de su economía familiar. Esta decisión permitió liberar, en su momento, casi ₡700 millones de impuestos como Patentes y Bienes Inmuebles para ser aplicados en otras necesidades de la comunidad.
A partir de esta implementación de la tasa de policía municipal en Santa Ana, el crecimiento de ese cuerpo policial tendrá como límite lo que la Alcaldía y el Concejo Municipal acepten como necesidades propias de seguridad en sus distritos. Debo reconocer públicamente la buena actitud y aceptación del riesgo que tuvo el señor alcalde en ese momento, ha sido el único que dejó de lado otras situaciones como el factor político.
Y comento esto último porque he sido testigo, en estos últimos dos años, de algunos jefes de policía municipal interesados en implementar la tasa de policía municipal para mejorar el servicio actual. Sin embargo, han tenido la objeción de que estamos en un año político y que establecer este tipo de “nuevo impuesto”, podría afectar las condiciones de reelección de algunos alcaldes (as) actuales.
Sí, así como lo leen. Ha privado el interés personal ante el interés público, se ha creído que es mejor que siga la masacre en nuestros barrios que hablarle abiertamente y sin tapujos a los ciudadanos en el sentido de que, para mejorar nuestra calidad de vida, el servicio de policía municipal debe ser sostenible y eso es solo posible con la aplicación de la tasa de ese servicio en cada cantón del territorio costarricense. Cálculo político y nada más.
Ahora que estamos en plena campaña electoral, sería recomendable que todos los candidatos a las alcaldías se pronuncien sobre este tema y digan claramente si aprobarían establecer la tasa de policía o no, así los contribuyentes sabrían a qué atenerse.
De lo que he podido observar, tanto en medios escritos como virtuales, solo una candidata a alcaldesa se ha manifestado abiertamente a favor de este tema: la señora Denise Echeverría, candidata del PUSC, a la cual felicito por su coraje. Invito a todos los demás candidatos a tomar posición en este asunto, el pueblo de Costa Rica ya ha manifestado que quiere que se le hable con la verdad, aunque esta implique nuevos tributos, estoy seguro que una amplia mayoría verá con buenos ojos las candidaturas que ofrezcan implementar este servicio municipal de manera sostenible.
El autor de este artículo de opinión es profesor universitario.
