La última sesión ordinaria del Concejo Municipal de San Carlos de este año 2022, efectuada este lunes 26 de diciembre, terminó con un pulso declarado entre la Alcaldía y el cuerpo colegiado, con acusaciones mutuas y el veto a interrumpir la prescripción de los procedimientos al proceso de contratación de un profesional en derecho.
Desde que asumió el cargo como alcaldesa de San Carlos, Karol Salas ha tenido una fuerte oposición, no solo de la fracción política del Partido Liberación Nacional (PLN), sino del Consejo Municipal en pleno, incluyendo a los síndicos de los 13 distritos.
A Salas Vargas, regidores y síndicos Sancarleños le reclaman la falta de ejecución del Presupuesto y haber entrabado al Gobierno Local al seguir procesos de nulidad contra cada una de las actuaciones de Alfredo Córdoba Soro, quien, estando inhabilitado asumió el cargo por casi dos meses, hizo nombramientos de personal, presentó un presupuesto extraordinario, el cual fue acogido por los regidores y otros actos, que deben ser analizados, según la alcaldesa, uno a uno, para determinar su legalidad.
Este lunes, Salas al defender el veto contra el acuerdo de interrumpir la prescripción, acusó a los regidores de querer suplantar a la administración de la Municipalidad de San Carlos, delegando ellos a funcionarios para tareas que son competencia, únicamente, de la Administración.
¨Dichas funcionarias realizaron funciones administrativas dirigidas al personal, que dependen de la Alcaldía, lo que se evidencia es una mala delegación, donde el Concejo Municipal delega funciones que no le competen, o bien, se evidencia una mala interpretación de las funcionarias que pretendieron pasar por encima de mi autoridad como Alcaldesa y dirigirse a los jefes de los departamentos de Tecnologías de Informática y de Proveeduría para tratar de realizar acciones que no son de su competencia”, alegó Salas.
Secretaria y asesora legal solicitaron ingresar al SIM y el SICOP
En el documento que respalda el veto, la alcaldesa Karol Salas señala a los regidores que las directrices por acuerdos del Consejo, las actuaciones de las funcionarias fueron tales como solicitar al Departamento de Tecnologías de Información, los accesos para el Sistema Integrado Municipal (SIM), para realizar requisiciones de compras y solicitud al Departamento de Proveeduría de los accesos al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).
El caso es del 23 de noviembre de este año, cuando el Concejo Municipal acordó delegar y autorizar a la secretaria, Patricia Solís Rojas, y a la Asesora Jurídica, Alejandra Bustamante Segura, ambas funcionarias del Concejo Municipal, la realización de los trámites administrativos correspondientes para llevar a cabo la contratación de dos profesionales en derecho.
Uno de los profesionales en derecho para atender un supuesto incumplimiento de la alcaldesa, por no cumplir acuerdos municipales; el segundo profesional en derecho a contratar era para resolver el contrato de una adjudicación a la empresa Constructora Presbere S.A.
En esa misma sesión, los regidores acordaron delegar y autorizar a las mismas funcionarias para realizar los trámites administrativos correspondientes para contratar otro profesional en derecho, uno en Recursos Humanos y un Psicólogo, para atender la denuncia del supuesto acoso laboral.
A la fecha, la alcaldesa ha presentado tres vetos ante el Consejo Municipal, uno de ellos contra la colocación de banderas sobre el tema de las vacunas, otro sobre el procedimiento para la contratación de profesionales y el último, ayer lunes, contra el acuerdo para interrumpir la prescripción.
