No se extrañen que ahorita alguien proponga que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) debe pasar a manos privadas.

En España hace ya unos años atrás se propuso, por parte del Partido Popular (PP), que el Canal Isabel II debía privatizarse; para los que no saben, el PP es el partido político que representa a la derecha más tradicional de la sociedad española y en la actualidad es liderada por Albero Núñez Feijóo.

En América Latina la privatización del agua ha tenido momentos sumamente tristes. En Bolivia, por ejemplo, la presencia de una empresa francesa a la que se le otorgó la distribución del agua generó situaciones tan aberrantes como que pobladores que vivían frente a sus plantas potabilizadoras carecían de agua; en especial, los pobladores indígenas se veían privados del vital líquido y eso generó grandes protestas, que culminaron con la nacionalización del servicio por parte del gobierno boliviano.

En Costa Rica desde los años sesenta del siglo pasado hemos contado con el AyA. Como todas las instituciones públicas con propósito social, ha sido perjudicada con recortes presupuestarios y con limitaciones de todo tipo para poder cumplir su cometido institucional; no vamos a negar que algunos de sus funcionarios, en especial los de puestos gerenciales y directivos, tienen una corresponsabilidad en el deterioro que ha tenido la institución en los últimos treinta y cinco años.

El agua es un elemento fundamental para la vida de las personas. No solo tiene que seguir siendo un bien del Estado, sino que su captación, procesamiento y distribución deben seguir siendo de resorte de una institución pública como el AyA; en otras palabras, se trata de un bien público y de un derecho de los ciudadanos que es esencial para la vida, de manera que plantear la privatización de la institución que brinda este servicio, sería absolutamente inconstitucional y atentaría contra los derechos fundamentales de los que habitamos este país.

Las instituciones con propósito social debemos fortalecerlas en lugar de debilitarlas. La salud implica tener agua potable y no puede cuantificarse, en términos de la prevención, lo que ello supone para las sociedades, es decir, el país se ahorra millones de dólares en la cura de enfermedades con el acceso que tiene la gente al agua potable; lo anterior lo sabe cualquier persona que haya leído sobre la historia de la medicina y entienda los efectos que tuvieron en las diferentes sociedades, la higiene y la asepsia que el agua provee a las personas en sus actividades cotidianas.

La contaminación de una fuente de agua no es responsabilidad del AyA, la solución de ese problema sí lo es. La forma en como los jerarcas de esta institución y los del sector salud han acometido la situación deja mucho que desear, se trata de un manejo torpe e influenciado por caprichos propios de personas que no les importa la gente; vamos a decirlo de manera diáfana y contundente, en estos temas la información que se brinda y la forma en cómo se actúa, no puede estar sustentada en politiquería barata y en disputas personales o institucionales, lo primero y más importante es la salud de las personas.

Estemos atentos porque no faltará quién o quiénes, aprovechando la coyuntura, propongan la privatización del AyA.

El autor de este artículo de opinión en Filósofo.

Exit mobile version