Salud investigará daño con mercurio en Crucitas, aunque algunos diputados quieren legalizar minería

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Dirección General de Salud recibió la directriz de la ministra de investigar el grave daño ambiental y de salud provocado por el mercurio.

La denuncia por contaminación con mercurio interpuesta en diciembre del año pasado por la Federación para la Conservación de la Naturaleza (FECON) ha sido aceptada por parte de la jerarca en funciones del Ministerio de Salud Alejandra Acuña Navarro y de esta forma se ordena realizar las investigaciones pertinentes desde la Dirección General de Salud. Pero al mismo tiempo, en la Asamblea Legislativa, algunos diputados intentan legalizar la minería con cianuro y mercurio, señala FECON.

La denuncia interpuesta por las organizaciones ambientales es enfática en la responsabilidad es objetiva para los propietarios de la Finca Vivoyet, terreno donde se desarrolla actualmente la actividad de extracción ilegal de oro.

El documento presentado por FECON tiene como objetivo hacer cumplir la legislación nacional e internacional vigente en materia de contaminación de suelos como lo es: el Convenio de Minamata1, (sobre la eliminación del uso de mercurio); la Ley para la Gestión Integral de Residuos (que establecen las responsabilidades de los administrados y del Ministerio de Salud en relación con la prevención y remediación de los suelos contaminados);

Ley Orgánica del Ambiente y el Reglamento sobre valores guía en suelos para descontaminación de sitios afectados por emergencias ambientales y derrames (N° 37757-S).

La denuncia se basa en la evidencia del impacto ambiental negativo que ha generado la minería artesanal ilegal, dado que se da en extensiones de varias hectáreas, con profundidades de hasta 10 metros aproximadamente. Se tiene un primer dato, según el Oficio DGM – CMRHN- 11 – 2018, del 14 de marzo del 2018 de la Dirección de Geología y Minas donde se revela que se ha extraído un total de 173.873 m3 de material saprolítico (tierra y roca con oro). Puesto que la actividad de minería ilegal no ha cesado, ese volumen de material removido puede ser mayor debido a que este informe fue realizado hace 9 meses.

De acuerdo con FECON es importante señalar que este material ha sido extraído del procesamiento minero artesanal con el uso de mercurio, de manera que, ahora se encuentra contaminado con mercurio y por tanto, calificaría como un suelo contaminado, con capacidad de generar lixiviados que contaminen cuerpos de agua.

“En FECON vemos con buenos ojos que el Ministerio de Salud reconozca la gravedad del asunto y acepte realizar dicha investigación para sentar responsabilidades sobre quienes dejan entrar a los mineros ilegales para que destruyan la finca, el bosque y contaminen el agua”, expresa la organización.

“Diputados mineros y doble cara”

“Mientras las organizaciones ambientales buscamos soluciones al problema de contaminación en Crucitas, algunos diputados buscan la forma de legalizar nuevamente la minería de oro con mercurio y con cianuro. Esto pese que algunos de estos diputados han hecho politiquería con el tema de contaminación con mercurio en Crucitas a las puertas del juicio contra Oscar Arias Sánchez por corrupción en la concesión minera a Industrias Infinito”, señala FECON:

La Comisión Especial de Guanacaste dictaminó de forma unánime el expediente 20922. Estos diputados y diputadas que votaron a favor de legalizar la minería con cianuro y mercurio y al mismo tiempo llaman “desastre ambiental responsabilidad de los ambientalistas” lo ocurrido en Crucitas.

Esta aprobación por unanimidad se da sin escuchar al Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, el cual recomendó rechazar la reforma señalando que: “que la actividad de minería artesanal desde el punto de vista privado es poco rentable. Si se realiza el análisis Costo-Beneficio Social, se determina que, con la introducción de la externalidad negativa de intoxicación por mercurio, la rentabilidad de la actividad es aún inferior. Se concluye que bajo las condiciones actuales la actividad minera artesanal es poco viable tanto desde el punto de vista privado como social, por tanto se requiere la introducción de mejores prácticas que permitan incrementar los niveles rentabilidad para los mineros y una reducción en el efecto que la misma tiene sobre la salud de los productores, reduciendo el impacto social negativo de la actividad.”

En las organizaciones ambientales nos llama la atención la forma evidente en la que estos legisladores dicen una cosa mientras hacen la contraria. Dicen proteger el ambiente, atacando a quienes evitaron el desastre de la minería de oro a cielo abierto, y al mismo tiempo intentan legalizar la contaminación con mercurio y cianuro.

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