Sala acoge acción inconstitucional de productores orgánicos por comercio de plaguicidas dañinos

El Decreto Ejecutivo 41481 permite la entrada al país de plaguicidas sin estudios de efectividad agrícola, ni estudio ecotoxicológicos.

La Sala Constitucional ha acogido una acción de inconstitucionalidad interpuesta por los productores orgánicos contra el decreto 41481-MAG, donde la norma es impugnada por los agricultores, puesto que lesiona el derecho a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
El expediente 19-005920-0007-CO contiene esta acción de inconstitucionalidad planteada por el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO).

El reglamento cuestionado por MAOCO amplía el plazo para los plaguicidas puedan comercializarse en el país sin que se haya evaluado la información toxicológica crónica, ecotoxicológica y destino ambiental, lo que hace pensar que las empresas comercializadoras de este tipo de productos no cuenta con la información propia de los estudios que deben presentar.

El MAOCO aclara que si bien el decreto define una lista taxativa de requisitos, estos son limitados para realizar una evaluación de riesgo conforme la normativa nacional e internacional.

Anteriormente la Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza interpuso una acción de inconstitucionalidad que se tramita bajo otro expediente, número 18-019039-0007-CO, en contra el Decreto DE 39995-MAG , denominado Reglamento para la Actualización de la Información de los Expedientes de Registro de Ingrediente Activo Grado Técnico y Plaguicidas, el cual se encuentra actualmente en estudio en el tribunal constitucional. A pesar de lo anterior, el 11 de enero de 2019 el Ministro de Agricultura y Ganadería publica en la Gaceta el decreto número 41481-MAG, titulado Reforma Parcial y adición al Decreto 39995- MAG, el cual nuevamente carece de criterio técnico y científico y aumenta el riesgo químico,ambienta y para la salud humana.

Este próximo jueves 25 de abril a las 4:00pm se llevará a cabo una concentración frente a los Tribunales de Justicia y una firma masiva de coadyuvacias a favor de los argumentos de los agricultores orgánicos, con el fin de que estos decretos sea declarados inconstitucionales.