Parque del Agua: “Nos vimos obligados a presentar recurso de inconstitucionalidad”

Noek S.A. está representada por 5 finqueros de Bajos del Toro que poseen 900 hectáreas dentro del Parque Nacional del Agua, Juan Castro Blanco.

La sociedad anónima Noek, que presentó el 27 de agosto de este año un recurso de inconstitucionalidad contra decreto de creación del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, dijo a este medio por intervención de su abogado Manuel Ortiz, que se vieron obligados a hacerlo porque el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) no dio ninguna respuesta satisfactoria cuando solicitaron permisos para la creación de proyectos turísticos  en  terrenos ubicados en Bajos del Toro de Valverde Vega.

Ortiz, cuyo domicilio de empresa está en Pérez Zeledón, pero su representados son de Bajos del Toro de Valverde Vega, dijo a este medio que todo se dio luego que los cinco dueños de 900 hectáreas solicitaron permisos al SINAC para crear proyectos turísticos amigables con el medio ambiente, pero los funcionarios ni siquiera le contestaron, esto luego de que la Municipalidad de Valverde Vega les informó para obtención debería hacerse por medio del SINAC.

De acuerdo con Manuel Ortiz, luego de un recurso de amparo que pusieron, tanto el SINAC como la Procuraduría General de la República, le informó a la Sala Constitucional que esos terrenos pese a que están dentro del Parque, no han sido pagados porque el Estado no tiene recursos, por lo tanto, no se pueden tomar determinaciones sobre ellos.

Según Ortiz, en el recurso que interpusieron, la Sala Constitucional les sugirió que la única forma de acoger el recurso es con la presentación de un recurso de inconstitucionalidad sobre la creación del Parque en abril de 1992.

“No habido respuesta”

“En vista a que el SINAC no dio una contestación satisfactoria nos vimos obligados a poner el recurso de inconstitucionalidad”, sobre el cual las autoridades judiciales no se han pronunciado, detalló el abogado.

Según el representante de Noek S.A., el SINAC ni les paga los terrenos a sus dueños, ni  tampoco les permite realizar obras sostenibles, de ahí, que se vieran obligados a tomar esta medida, donde también hay más finqueros interesados en conocer cuál será el fallo.

Para obtener sus objetivos, se basan en el Artículo 2 de la Ley 7247 de  creación del Parque que dice: – “Los terrenos privados y de aptitud forestal, comprendidos en la anterior delimitación, serán susceptibles de expropiación y se considerarán parte del Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, hasta que sean adquiridos por el Estado, por compra, mediante donaciones o por expropiaciones. Mientras tanto, los propietarios gozarán del ejercicio pleno de todos los atributos de dominio”.

Asimismo, se basan el artículo 45 de la Constitución Política que detalla: “La propiedad es inviolable nadie puede privarse de la suya, si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a ley . En caso de guerra la indemnización se hará dos años después”.

De acuerdo con Ortiz, los terrenos ubicados en Bajos del Toro, son algunos de repastos, otros de montaña, bosque y algunos tienen construcciones hechas en el pasado.

Así las cosas, lo propietarios piden que el Estado les defina el futuro de sus tierras, ya que no se las pagan y tampoco las pueden utilizar.

Cabe destacar que NoeK S.A., pide que se declare inconstitucional la declaratoria de Parque porque según su representante contraviene el artículo 45 de la Constitución Política. Alega que la incorporación del artículo 02 de la Ley 7247 no logra el objetivo de proteger los derechos de los propietarios.

Al efecto, indica que las autoridades encargadas de autorizar los posibles usos de suelo para los fundos privados aplican la norma en forma contraria al texto o simplemente no la aplican y consideran los fundos como parte del Parque Nacional de Agua Juan Castro Blanco.

Adicionalmente, indica que la declaratoria de distinguir aquellas porciones que son patrimonio natural del Estado y aquellas que constituyen propiedades privadas, ha soslayado la necesidad del Estado de tomar las medidas necesarias tendientes afectados por la declaratoria de Parque Nacional de Agua Juan Castro al patrimonio natural del Estado, ejecutando con la celeridad debida los procedimientos reglados para adquirir esos bienes.

Ver respuesta del MINAE aquí.

Ver resolución de Sala Constitucional aquí.

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