Empleados municipales de San Carlos si trabajaban 50 años eso se les liquidaba de cesantía

Los empleados del Municipalidad de San Carlos, acogidos al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Carlos (SITRAMUSCA) desde 1998 cuando se adhirieron a la convención colectiva, no tenían tope de cesantía cuando eran liquidados, o sea una vez que cesaban de laborar y eran liquidados, si habían trabajado 50 años, se le pagaba un salario por cada año trabajado, contrario lo que dice el Código de Trabajo que el límite es ocho años.

También si eran despedidos o dejaban de trabajar se le pagaba todos los beneficios, o sea los años laborados de cesantía.

A raíz de esta inconsistencia, que se venían dando desde hace 20 fue que el regidor Allan Solís y Nelson Ugalde Presidente Municipal, le pidieron al alcalde Alfredo Córdoba, interponer un recurso de institucional contra el Sindicato, por los abusos que se venían cometiendo.

Según declaró Ugalde el Concejo Municipal le solicitó a Córdoba que interpusiera la acción de inconstitucionalidad contra el sindicato, ya esta es una acción que debía ser hecha por la administración y no por el Concejo.

A raíz de esta acción que promovieron los regidores desde junio del año pasado, el alcalde puso la acción y la Sala Constitucional acogió el recurso en la primera quincena de diciembre.

Cita la Sala Constitucional en el Boletín Judicial del 17 de enero de 2019:
“Se da curso a la acción de inconstitucionalidad interpuesta. Considera el accionante que la norma impugnada no establece tope o límite de años a reconocer por concepto de cesantía, creando así un privilegio odioso, exclusivo y excluyente a favor de los funcionarios de la Municipalidad de San Carlos, lo que resulta contrario a los principios de igualdad, de razonabilidad y proporcionalidad, de legalidad, gestión financiera y uso eficiente de los fondos públicos.

Indica que la gestión de fondos públicos debe sujetarse a los principios de moralidad, legalidad, austeridad y razonabilidad en el gasto público, lo que impone la prohibición de derrochar o administrar tales recursos como si se tratase de fondos privados, pues no existe discrecionalidad total de la Administración Pública para crear fuentes de gasto”,(Ver Boletín, documento: bol_17_01_2019).

Ugalde dijo a este medio que no saben si antes de 1998 antes que existiera la convención colectiva tenían este beneficio, pero decidieron actuar en resguardo de los fondos municipales y uso razonable de sus recursos.

Según detalló deberán esperar a que la Sala Constitucional se pronuncie al respecto ya que el recurso fue acogido.